Otura 05-abril.2008. El alcalde de Otura, Ignacio Fernández (PP), asegura que todo sucedió en su despacho. En torno a una pequeña mesa de reuniones. Por un lado estaban el alcalde y su concejal de Urbanismo. Por otro, el representante de una constructora gallega y un potente empresario del municipio, José Puertas. Los gallegos estaban construyendo una urbanización de 50 viviendas y se las tenían que entregar al conocido empresario antes del 8 de enero. Ese era el trato.

Si no se cumplía el plazo el empresario podría quedarse con un aval de 3 millones de euros. La promoción estaba prácticamente acabada, a falta de que el Ayuntamiento le diera el visto bueno y concediera la licencia de primera ocupación. La reunión fue tensa y con palabras altisonantes. Los gallegos salieron del despacho y el empresario se quedó con el alcalde y el concejal de Urbanismo, siempre según el relato de Ignacio Fernández. Y entonces se produjo supuestamente el intento de soborno:

-«Te doy tres millones (los del aval) si no les das la licencia.

-No me lo digas ni en broma.

-Te lo digo muy en serio. Los quiero joder».

Ignacio Fernández siempre relata el encuentro con las mismas palabras. «Me dijo que eran unos sinvergüenzas y que quería hundirlos».

Los hechos sucedieron supuestamente el 25 de septiembre de 2007. Pero no fue hasta el 14 de febrero, cuando transcurrido el plazo y la urbanización ya estaba entregada, Ignacio Fernández denunció al empresario por cohecho en el juzgado de Santa Fe. El regidor se querelló además contra el hijo por injurias. «No estoy dispuesto a que nos metan a todos los alcaldes en el mismo saco y los especuladores nos joroben la vida», argumenta.

Un día después, el 15 de febrero, fue el hijo del empresario el que denunció al regidor en la Fiscalía del TSJA por supuesta prevaricación. El motivo: que había recepcionado la urbanización y concedido licencia sin que estuvieran todos los informes y en algún caso con la opinión contraria de los técnicos del Ayuntamiento.

Lo que hay probado

Hasta ahora lo único que se ha sacado en claro de este cruce de denuncias es que en todo este embrollo hay un aval de 3 millones de euros -500 millones de las antiguas pesetas- de por medio. Que podían ser para unos, para otros o para nadie. A este aval hay que sumar otro de seis millones que recibió el Ayuntamiento como garantía de que la constructora hacía bien las obras de la urbanización.

Las dos denuncias -las tres si se suma la de injurias- siguen vivas. El juez de Santa Fe ha citado el próximo martes al alcalde de Otura para que se ratifique en su acusación contra el empresario por supuesto cohecho.

Así lo hará. Si el juez decide seguir adelante con la denuncia probablemente será un jurado el que resuelva el caso. Será la palabra del alcalde contra la del empresario, con el concejal de Urbanismo de testigo. Y será además un juicio insólito, al menos, en Granada.

El fiscal pide papeles

Pero la denuncia presentada por el hijo del empresario en la Fiscalía también sigue su curso. El fiscal ha abierto diligencias investigadoras para aclarar qué ha sucedido con la polémica urbanización y ha solicitado informes al secretario municipal de Otura y los papeles de la tramitación para aclarar si el alcalde prevaricó. En definitiva, si bendijo la urbanización sin estar acabada y por consiguiente facilitó que los gallegos cumplieran los plazos y no perdieran 3 millones de euros.

Ignacio Fernández asegura que ha enviado ya toda la documentación al fiscal y que la denuncia del empresario -antes de todo esto amigo suyo- obedece a una «venganza». El alcalde pone énfasis en otro detalles: «El empresario no ha negado hasta ahora que me ofreciera los tres millones ni dice nada de esto en su denuncia».